El número pasado iniciamos una sección que pretendía crear un foro de debate abierto sobre el encaje de la asignatura de religión en nuestro sistema educativo. En esta edición damos voz de nuevo a todas las perspectivas que pueden aportar su visión y acentos propios a este diálogo, con franqueza y espíritu constructivo, sin fanatismo ni líneas rojas que impidan el acuerdo para alcanzar un pacto educativo tan necesario. Nos podemos felicitar por las colaboraciones de Killian Cuerda Ros, profesor de Historia y delegado de Laicismo en el PSPV, y Rodrigo Ferre, a su vez profesor de Religión y diácono permanente en nuestra diócesis.

En un plan de estudios donde los fundamentos legales vienen marcados por las llamadas "competencias educativas", debemos repensar si tantas asignaturas de Humanidades, actualmente relegadas a un papel secundario, deberían tener un sitio central en la formación de nuestros jóvenes. No se han establecido competencias tan importantes como "Aprender a pensar", cuya enseñanza entrega fundamentalmente la Filosofía, o "Aprender a ser persona", objetivo que debería ser prioritario para cualquier plan educativo y que aportan, sustancialmente, materias como la Ética y la Religión. Todavía estamos a tiempo para el encuentro, el intercambio fraterno, y para llegar a una fórmula que no excluya ningún punto de vista.

No es normal. No es bueno. No construye. No hace progresar. En los últimos cincuenta años se han promulgado en España la friolera de ocho leyes educativas. Y por desgracia, la que se está pergeñando en estos momentos, la novena, tampoco será la última, pues no está asentada sobre los pilares básicos que deben sustentar cualquier sistema educativo que pretenda ser estable y permita el progreso real de la sociedad. Para poder analizar, comprender y situarnos objetivamente ante este cúmulo de leyes conviene enumerarlas brevemente:

1970. Ley General de Educación (LGE). Aprobada por el tardofranquismo y vigente durante algo más de dos décadas.

1980. Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE). Aprobada por UCD. Era una Ley de transición. Fue recurrida por el PSOE en el Tribunal Constitucional. Tenía que haber sido modificada, pero los avatares políticos vividos entonces no lo permitieron.

1985. Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE). Aprobada por el PSOE. Incorporó al sistema educativo la realidad de los Centros Concertados (1).

1990. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Aprobada por el PSOE. Pone fin a la LGE. Establece la obligatoriedad de la escolarización hasta los 16 años, introduce la Educación Secundaria y otorga a las Autonomías la capacidad de redactar una parte muy significativa de los contenidos curriculares.

1995. Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). Aprobada por el PSOE. Otorgaba a los centros una mayor autonomía y, entre otras muchas cosas, reforzó la función inspectora.

2002. Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Aprobada por el PP. Establecía, entre otros elementos, la realización de una prueba de reválida al final del bachillerato y creó la asignatura “Sociedad, Cultura y Religión” tratando de solucionar definitivamente la cuestión. No llegó a entrar en vigor. Fue paralizada en 2004 cuando iba a empezar a aplicarse al cambiar el signo político del gobierno.

2006. Ley Orgánica de Educación (LOE). Aprobada por el PSOE. Introdujo la asignatura “Educación para la Ciudadanía”.

2013. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Aprobada por el PP. En realidad no era una Ley nueva, sino una reforma parcial de la LOGSE y la LOE. Le daba plena validez académica a la asignatura de Religión.

2020. Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). Aprobada por el PSOE. En estos momentos todavía se encuentra en trámite parlamentario.

Esta es la realidad: nueve leyes educativas en cincuenta años. De ellas, seis del PSOE; dos del PP (una de ellas nació muerta); una de UCD (nunca entró en vigor); y una del tardofranquismo (vigente durante más de veinte años). El dato objetivo salta a la vista: quien más ha “reformado” el sistema educativo cuando ha estado en el poder ha sido el PSOE. No obstante, la pretensión de esta reflexión no es analizar la cuestión desde la perspectiva política ni ideológica; por tanto, nos centraremos en dos únicos aspectos primordiales: la necesidad de un auténtico Pacto Educativo y el necesario encaje de la asignatura de Religión en el sistema educativo. Pero mucho me temo que no es posible que se establezca ningún pacto educativo auténtico mientras no se aparquen los intereses ideológicos de quienes están diseñando la nueva ley educativa. De entrada, se ven claramente varios escollos muy serios y, aparentemente, insalvables.

Primer escollo: “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. En octubre de 2018 se abrió una “consulta pública previa sobre un anteproyecto de ley orgánica de modificación de la actual ley educativa”. El plazo para presentar propuestas abarcaba desde el 26 de octubre hasta el 10 de noviembre (apenas dos semanas para algo tan importante). Y casi al mismo tiempo que se acababa el plazo se publicó el borrador del anteproyecto, con lo que la realidad quedó muy clara: no hubo tiempo material para leer las aportaciones realizadas y valorarlas debidamente. Por tanto, resultó evidente que ninguna propuesta formulada desde fuera del ámbito gubernativo ha sido tenida en cuenta. Sin embargo, el término más utilizado fue que esta nueva ley se sustenta en el diálogo, el consenso y el entendimiento. Totalmente falso.

Segundo escollo: Precisamente por esa falta de diálogo auténtico y verdadero, es una ley que nace teniendo en contra a todos los agentes implicados en la educación, principalmente a los padres. Perder de vista que los primeros y principales educadores de los hijos son los padres es el camino más seguro y cierto para la construcción de una sociedad totalitaria, pues atenta contra los Derechos Humanos fundamentales. En este sentido preocupa mucho que la ministra de Educación afirmara literalmente: “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres” (2), negando la posibilidad de que sean los padres quienes autoricen a sus hijos a participar en algunas actividades “educativas” que vulneren los valores que desean para ellos, deformando y alterando dialécticamente la cuestión de los Derechos Humanos fundamentales y constitucionales.

Tercer escollo: Las prisas por aprobar la nueva ley cuanto antes, aunque no exista el consenso necesario. Que se esté tramitando casi dos años después de aquella presunta “consulta pública” no se debe a que durante este tiempo se haya dialogado, estudiado con serenidad, analizado profundamente en todos sus aspectos… no. Simplemente se debe a la finalización abrupta de una legislatura, nuevas elecciones, inicio de nueva legislatura, etc. Y lo que preocupa, y mucho, es que los trámites parlamentarios de la nueva Ley Orgánica se han realizado en medio de una pandemia sanitaria, con el sistema democrático alterado por el establecimiento de un “Estado de Alarma”, con muchos de los Derechos Fundamentales suspendidos… ¿Tan urgente es su tramitación que no puede esperar unos meses, para que exista el debido y necesario sosiego? Si de verdad se pretende que esta nueva ley de educación sea más longeva que sus predecesoras ¿no sería más correcto ir poco a poco, con pasos lentos pero seguros?

Cuarto escollo: ¿Cuál es la intención de esta nueva ley educativa? ¿cuál es su objetivo último? Si en el punto de mira estuviera el bien común es obvio que no se estaría realizando del modo en que se está haciendo. Atendiendo a lo visto hasta el momento resulta evidente que el objetivo es ir profundizando en una transformación profunda de la sociedad, aprovechando las posibilidades de control que ofrece el sistema educativo desde los primeros años de vida de la persona. Una transformación antropológica. No importa ni preocupa que la sociedad prospere, sino el control de la sociedad desde los resortes estatales.

Quinto escollo: Desde el primer momento parece que solo hay dos problemas en el sistema educativo español, la presencia de la asignatura de Religión en la escuela y la existencia de los centros públicos de iniciativa social y titularidad no estatal (los centros concertados). Y para intentar tergiversar y manipular la realidad se difunden continuamente en algunos medios de comunicación informaciones falsas sobre la presencia de esta asignatura en Europa (donde está perfectamente establecida en todos los países, excepto Francia, con el mismo valor académico que las demás asignaturas y donde no supone ningún problema) (3) y, simultáneamente, se martillea a la opinión pública tratando de crear una imagen negativa de los colegios concertados.

Sexto escollo: en este sentido, se ignora intencionadamente la infinidad de Sentencias Firmes de los Tribunales de Justicia (tanto Autonómicos como del Supremo y el Constitucional) que reafirman la necesidad de la asignatura de Religión en el sistema educativo y su validez académica. Lo mismo puede decirse refiriéndonos a los centros concertados ¿Qué sentido tiene promulgar una ley sabiendo que los Tribunales de Justicia van a obligar a modificarla por legislar en contra de lo ya establecido? ¿Crispar? ¿Culpar a los demás de no querer diálogo, consenso y entendimiento?

Séptimo escollo: curiosamente, a lo largo de todo el proceso son innumerables las ocasiones en las que los representantes políticos realizan afirmaciones que no invitan a ese necesario consenso ni al diálogo ni al entendimiento, sino todo lo contrario.

Sin embargo, a pesar de estas enormes dificultades, aún estamos a tiempo. El Proyecto de Ley debe seguir aún toda una serie de trámites parlamentarios. Y aunque lo deseable es que desde el primer momento se hubiera podido trabajar por el bien común atendiendo a los Derechos Humanos fundamentales y todos (4) los Convenios, Protocolos, Convenciones, Pactos Internacionales, Recomendaciones del Consejo de Europa, Constitución Española, Constitución Europea… todavía se puede evitar que esta nueva Ley Educativa nazca con la fecha de caducidad establecida, como la tiene en estos momentos.

Precisamente por todo ello y pensando en el bien de nuestros hijos, en la prosperidad de la sociedad y en el verdadero desarrollo integral de la persona y de las futuras generaciones, la dimensión religiosa del ser humano (el “homo religiosus”) debe formar parte del sistema educativo. Y no solo por todo lo expuesto hasta el momento, sino porque sin esta dimensión humana inalienable la persona pierde uno de sus pilares fundamentales. No entramos a repetir que no es un privilegio de nadie, sino un derecho humano fundamental de las familias…

Tal vez el mejor modo de poder alcanzar un acuerdo sería la aceptación de lo que el profesorado de Religión hemos llamado “currículo integrado”. Es la propuesta que ha formulado la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales (APPRECE). A cada cual lo suyo.

El planteamiento es, en realidad, muy sencillo. Cualquiera puede entender que los valores que se transmiten y se deben transmitir desde las enseñanzas de Religión y desde la educación en Valores Cívicos, Éticos, Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, tienen que ser los mismos, hayan elegido o no los alumnos las enseñanzas de religión confesional. Por otra parte, el artículo 16 de la Constitución Española, exige la cooperación entre el Gobierno del Estado y la Iglesia Católica (y las otras confesiones religiosas). De este modo, y con la participación de las asociaciones de padres y madres (en virtud del artículo 27 de la Constitución), se deben secuenciar los valores que debemos transmitir a las nuevas generaciones, desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Y en el caso de las enseñanzas de Religión, mediante un currículo integrado, con una parte sobre las enseñanzas religiosas confesionales y otra sobre la Educa ción en Valores, correspondientes a cada etapa educativa.

Con esta propuesta, el alumnado que eligiera Religión, recibiría también la Educación en Valores, la misma que van a recibir los que no elijan Religión. De este modo, algunos alumnos solo van a estudiar la Educación en Valores, mientras que los que elijan Religión recibirán, además de la Educación en Valores, el currículo de la religión confesional que elijan voluntariamente.

El Cardenal Arzobispo de Barcelona (y ahora presidente de la Conferencia Episcopal), D. Juan José Omella, criticaba “los constantes vaivenes legislativos” en materia de educación y defendía el derecho de las familias a elegir el modelo educativo para sus hijos, incluida la enseñanza de la asignatura de Religión: “Con buena voluntad, se pueden encontrar muchas fórmulas posibles que garanticen la libertad de las familias para escoger el proyecto pedagógico que prefieran” (5).

Con esta propuesta se podría facilitar la concordia, la fraternidad, el consenso y, por supuesto, evitar la radicalización de las posturas sobre las enseñanzas de Religión en el sistema educativo. Ya es hora de madurar y tener sentido de Estado.

Soc catòlic en l´economia. No m’agrada el corporativisme eclesiàstic, però tampoc la incorrecció que naix de la febra. Les idees, les raone. Jo no soc conservador dels errors. Jo soc anticapitalista, però crec en un catolicisme obert que tornarà perquè ara estem més necessitats que mai.

El pensament econòmic catòlic coherent, profund, estic segur que serà apreciat en el futur. És molt empobridor el que li està succeint al catolicisme. La meua opció és per un pensament complex, catòlic, que done cabuda a la vida pensant. Un catolicisme que et permeta exposar el que penses en els mitjans confessionals. Si el que penses no es pot encaixonar no tens per què convertir-te en un empestat. No vull un catolicisme d’impacte potent però superficial, de consignes bastes. La meua obligació és propagar allò en què crec, la meua visió. Però en el catolicisme ranci heretat a vegades és impossible.

Per a mi el problema del segle XXI està a canviar l’economia, en el repte d’humanitzar el mercat. Veig per tot arreu grans masses de consumidors neoliberals, i em pregunte: els meus fills que són estudiants de la Catòlica, ¿estan formant-se en una economia alternativa a l’altura del segle XXI? Els professors, ¿els estan aportant valors futurs cooperativistes?

¿Estem potenciant els catòlics una visió econòmica compromesa per a poder transformar el sistema neoliberal heretat? ¿Una fe solidària per a organitzar una economia alternativa (“Vaig tindre fam i em vàreu donar a menjar”)?

En els centres catòlics ens ha de preocupar llegir bé el moment econòmic actual, en clau catòlica. M’agrada la gent catòlica que no és calculadora ni còmplice de la falsedat i la mentida. Però veig molt d’acomodament per tot arreu. I amb individus instal·lats és poc el que es pot esperar. ¿Estan servint les institucions catòliques per a posar en debat qüestions centrals de l’humanisme consumista contemporani? La religió del consum és causant d’injustícia i dificulta creure.

Soc partidari de l’educació a l’escola i també de la classe de Religió, però amb professors que accedisquen al lloc amb unes oposicions. No compartisc el nomenament a dit episcopal.

L’enemic està fora, però també és intern.

El debate sobre la presencia o encaje del fenómeno religioso en la educación es un elemento habitual de las polémicas, discusiones y diálogos sobre el modelo de escuela de nuestro país. Pero no podemos entrar a razonar sobre la cuestión sin antes analizar críticamente el punto de partida, que es el de una situación de privilegio de la Iglesia Católica en este sentido. Desde la Transición a la democracia, la Iglesia Católica ha contado con la prerrogativa del monopolio de la enseñanza de su visión sobre el hecho religioso y sus dogmas concretos, fruto de los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano, previos a la Constitución y contradictorios con ella. La Carta Magna, de hecho, establece el Estado como aconfesional. Por otra parte, también establece, atendiendo a la situación social y política de la época, que el Estado mantendrá relaciones de colaboración con la Iglesia Católica, y que los padres debían tener garantizado el derecho a educar a sus hijos/as según sus convicciones morales y religiosas… cosas que no necesariamente son sinónimas a la obligatoriedad de mantener en la educación pública la enseñanza religiosa con personal bajo control de la Iglesia Católica y pagado por todos (nadie prohíbe educar religiosamente a la propia prole en las instalaciones y con personal de la Iglesia, por cierto).

Esos acuerdos y la situación de privilegio y preponderancia de la Iglesia en el campo educativo no sólo son contradictorios con la Constitución, sino que también lo son con nuestra realidad social, que ha evolucionado y no sólo muestra una mayor diversidad respecto a lo que a un variado espectro de confesiones religiosas se refiere, sino que muestra una cada vez mayor secularización de la sociedad, con unas capas más amplias de población atea, agnóstica o creyente no practicante o de convicciones y vida muy laicas. En el proceso de cambio social de las últimas décadas se gestaron nuevos acuerdos del Estado con otras confesiones como la evangélica o la islámica, para también incluir la enseñanza de sus credos al igual que el católico para el alumnado que lo demandara. Estos acuerdos, que adolecen de un “pecado original” similar al comentado anteriormente, se han implementado sin embargo de forma muy desigual.

La posición del Partido Socialista respecto a esta cuestión es la de la defensa de una educación y escuela laica, como garantía de libertad y de pensamiento crítico para todos. Supone construir un espacio de convivencia compartido, inclusivo y abierto a la integración y al respeto a la pluralidad, la coeducación, la pedagogía y el conocimiento científico y basado en la evidencia, así como el respeto a la libertad de conciencia de todos, y la educación cívica y ética en valores constitucionales y democráticos. Para conseguir esto, es necesario adecuar los centros escolares y planes oficiales de estudio al principio constitucional de aconfesionalidad, por lo que ninguna religión debería formar parte del currículum ni del horario escolar. Ahora bien, para llevar adelante esta línea sería necesario derogar los actuales acuerdos con la Iglesia Católica, pero mientras esto se plantee de una forma u otra, los acuerdos vigentes se deben cumplir. Desde este planteamiento, llegamos a la actual propuesta de nueva ley educativa, la conocida como LOMLOE, en la que se plantea una solución más que apropiada para el momento actual a la cuestión. 

Por un lado, la asignatura de religión será optativa para el alumnado que lo solicite (de oferta obligada en primaria y secundaria, pero no en bachillerato), aunque sin obligar a los demás a cursar otra materia por la opción de los primeros, y sin que compute para la nota media en acceso a la universidad o para la petición de becas. En esta cuestión creo que todos deberíamos coincidir en que lo que son creencias personales y dogmas religiosos no puede equipararse en una valoración académica al conocimiento científico y aprendizaje escolar de competencias educativas generales, por importante y respetable que sea en lo que a la conciencia de una persona se refiere, pero que no dejan de ser valores privados de una confesión concreta.

Por otro lado, la materia de educación en valores cívicos y éticos será obligatoria para todo el alumnado, tanto en primaria como en secundaria. Y es que esta es la cuestión importante, porque cuando hablamos de laicidad no hablamos de ataque a lo religioso, sino de neutralidad de los espacios institucionales al respecto, y de construcción de una espacio de igualdad, libertades y derechos humanos, que se construyen desde unos valores democráticos anclados en la tradición ilustrada de defensa de la Razón, y del humanismo. Esto por supuesto es incompatible con una situación de privilegios para una opción de conciencia privada sobre lo público y sobre el conjunto de la sociedad. La educación cívica y ciudadana en valores éticos es algo válido y necesario para todas las personas, sean creyentes, de los cultos que sean, o sean agnósticas o ateas. Es el cemento que construye una convivencia en libertad e igualdad, en respeto y tolerancia, y que también incluye la valoración y respeto a las diferentes opciones de conciencia como las diversas religiones e identidades. En este sentido, la laicidad es también garantía de una religiosidad más libre. Y digo esto porque si atendemos al principio constitucional del derecho de los progenitores a educar a sus hijos/as en sus principios morales y religiosos, ¿acaso coinciden los valores y principios, y visión sobre la religión, de tantas de esas personas creyentes en España, país en el que tenemos una sociedad cada vez más abierta, tolerante y diversa, con las posiciones de la jerarquía católica, casi siempre escorada hacia posiciones muy conservadoras?, ¿no proyectan acaso estas posiciones sobre todo el conjunto de la enseñanza religiosa que mediatizan verticalmente?.

Dicho todo esto, el avance hacia una educación plenamente laica no supone la desaparición del hecho religioso de la educación. La importancia del hecho religioso en la historia de la humanidad, en el pensamiento, en la cultura, el arte, es indiscutible, y debe estudiarse y conocerse. Incluso los que, como es mi caso, somos ateos y marxistas, reconocemos la importancia de las raíces en el pensamiento y cultura del cristianismo de muchos de los valores e ideas que forman parte de nuestra cosmovisión, como la cultura humanista de la que nacería la Ilustración, la idea de amor al prójimo y por tanto de fraternidad o solidaridad de los muy posteriores revolucionarios, la idea de la humanidad como una, sin fronteras ni diferencias (“todos hijos de Dios”), la idea de redención colectiva y personal del dolor y del sufrimiento, el reparto de la riqueza que de forma tan simple pero efectiva explicó Jesús, o el pacifismo bíblico de las espadas convertidas en arados.

Además, la religión es parte de la identidad de muchas personas, ergo parte de la valoración positiva sobre la diversidad de nuestra sociedad, reflejada siempre en nuestro alumnado. De hecho, en las materias de Ciencias Sociales y Humanidades trabajamos bastante esta cuestión. Yo mismo soy profesor de Historia, y toca siempre hablar de las religiones politeístas, del cristianismo, judaísmo e islam. Y esto se hace a menudo con un alumnado que es diverso, entre el que encontramos cristianos o musulmanes de diversas tendencias, hinduístas, sikh, ateos y agnósticos. El trabajo desde estas materias, y desde los planes de acción tutorial en competencias cívicas y sociales, es el lugar más idóneo para tratar y trabajar el hecho religioso en la educación y escuela, desde una visión abierta, integradora, respetuosa y que anime a conocer y a profundizar al alumnado con inquietudes. Y para hacerlo desde una base anclada en los valores democráticos y en el conocimiento científico y pensamiento racional. No para albergar catequesis de confesiones privadas en un espacio público y de todos. En un futuro además habría que plantear cómo abordar esta cuestión si avanzáramos hacia modelos de aprendizaje más autónomos y participativos, con el conocido como aprendizaje basado en proyectos o si se ampliara la enseñanza por ámbitos. También, si se planteara la introducción de una materia de Cultura en un aprendizaje que trabajara más la enseñanza por competencias. Quizá en una materia así tendría una cabida consistente el fenómeno religioso en la enseñanza. Son preguntas que creo debemos hacernos mirando al futuro.

Valoro que sería importante que las jerarquías eclesiásticas estuvieran dispuestas a revisar privilegios que generan una situación de desigualdad, a evolucionar a marcos en los que la educación, la convivencia y las visiones sobre la conciencia de las personas los trabajemos desde unos valores cívicos y éticos comunes fundamentados en la democracia y el respeto. Que al final es lo que supone construir una educación laica: crear un espacio en el que convivamos y crezcamos juntos en nuestra diversidad como ciudadanos librepensadores.